En el marco del 45º aniversario del último Golpe Cívico Militar la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Cívico Militar (1976-1893) y la Comisión Municipal de la Memoria como cada año leyeron y expusieron el discurso consensuado por los integrantes del espacio. A continuación la exposición completa.
Discurso
Estamos reunidos en esta Plaza, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y para repudiar aquel nefasto 24 de marzo de 1976, cuando, la Junta Militar constituida por los genocidas Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti usurpó el poder por la fuerza y sumió a nuestro país en uno de los períodos más trágicos y oscuros de la historia.
Es indispensable que la sociedad de hoy incorpore al debate, el contexto histórico en el que se produjeron los hechos, para poder comprender la magnitud de lo que se calificó como “Terrorismo de Estado”.
El autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo orígenes previos al día en que se efectivizó el “Golpe de Estado, un 24 de Marzo de 1976”. Se gestó mucho tiempo antes con la acción planificada de operadores públicos, que actuaron como aliados del imperialismo yanqui, valiéndose de maniobras de desestabilización política, inestabilidad economía, especulación financiera y violencia institucional, que fueron instigadas por los medios masivos de comunicación colaboracionistas de la época, quienes promovieron una creciente tensión social, escenario indispensable para justificar la ejecución de un plan macabro contra la sociedad argentina.
Usurpando las instituciones del Estado la Dictadura implementó un orden de facto. Incorporó el poder militar a la conducción del gobierno y de la administración y se valió de sus estructuras y recursos para desarrollar en nombre del propio Estado sus actividades delictivas, clandestinas y criminales.
Su razón fue el exterminio de cualquier expresión de conciencia social y colectiva que propiciara una vida digna, basada en la justicia, la equidad y la libertad. Debían eliminar a sus adversarios políticos y disciplinar al pueblo a través de la confusión y del miedo. La sola sospecha de que alguien tenía algún tipo de actividad ideológica lo convertía en un “subversivo” y lo hacía blanco de su plan de cacería.
La violenta represión ejercida por las Fuerzas Armadas, no se conformó con cometer sistemáticamente Delitos de Lesa Humanidad. Sussecuaces ejecutaron también un terrorismo económico, que condujo al desguace de nuestra Argentina.
Desde la hora cero, la dictadura persiguió, torturó y asesinó a miles de ciudadanos; dictó normas por encima de la Constitución Nacional; disolvió el Congreso y los partidos políticos; prohibió la actividad sindical; anuló la libertad de expresión y devastó la economía nacional.
El terror estatal tuvo como principal mecanismo la “desaparición forzada de personas” Este Plan sistemático traspasó los límites de la humanidad, y se centró en la despersonalización de sus víctimas. Los Centros Clandestinos de Detención funcionaron como un común denominador en todo el país y se constituyeron en una maquinaria macabra que, bajo el control de la autoridad militar, sometió a sus víctimas secuestradas a prácticas degradantes, como la recurrente tortura física y psicológica, el tabicamiento permanente (una capucha sucia que les impedía ver y los aislaba del entorno inmediato), la inmovilidad con la utilización de grilletes como método de tortura, la prohibición del uso de la palabra, el alojamiento en pequeñas celdas, la escasa comida y bebida, pero por sobre todo, el ocultamiento de sus identidades.
Crearon para tal fin la figura del desaparecido. Y así lo manifestó Videla, el máximo genocida, cuando justificó su responsabilidad siniestra y criminal al expresar que: “si están desaparecidos, no están ni muertos, ni vivos, no tienen entidad”.
Pero este sujeto, considerado un personaje nefasto para la idiosincrasia de nuestro pueblo, no logró dimensionar que, justamente, “eso que les aterraba de sus víctimas” y que se tradujo en “el genocidio de 30.000 compañeras y compañeros”, es lo que en el tiempo les otorgaría “a nuestros Detenidos – Desaparecidos y Asesinados”, una real valoración. Porque precisamente para el pueblo, “su moral revolucionaria” fue la impronta militante que selló en ellos la verdadera identidad y los colocó como referentes políticos de la historia.
La atribución de responsabilidades penales no se agota en el juzgamiento de las Fuerzas Armadas que condujeron el aparato estatal y el de las fuerzas de seguridad operacionalmente subordinadas. Hoy resulta innegable la complicidad de ciertos sectores civiles de la sociedad argentina que aportaron al desarrollo de ese plan político, económico y represivo, que significó el mayor genocidio de la historia del país. Es necesario que la Justicia avance e investigue, sobre el rol que desempeñaron esos sectores civiles y su participación colaboracionista con el accionar represivo, ya que existió una clara complicidad de políticos, empresarios, eclesiásticos, periodistas y sindicalistas en la implantación y el sostenimiento del régimen genocida.
Como muchas otras Instituciones del Estado la Justicia también hizo lo suyo y se sometió a la “Doctrina de Seguridad Nacional” en un colaboracionismo sin parangón que se expresó con el rechazo de Recursos de Habeas Corpus, con la persecución de quienes los presentaban y con su intervención en muchos casos en el ocultamiento de niños que, arrebatados a sus familias biológicas les fueron entregados selectivamente para su adopción, a familias afines a su ideología, delito calificado como “apropiación y robo de identidad de bebés y de menores”.
En nuestra sociedad, hay quienes conocieron en carne propia el accionar represivo de la dictadura y hay quienes enfrentando a la impunidad hicieron que la búsqueda de la verdad y de la justicia, fuese una práctica de vida: ellas “Nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” sembraron ejemplo de organización y de lucha, marcando un rumbo que nos enorgullece como sociedad.
Y junto a ellas, la lucha sostenida por miles de personas y cientos de organismos embanderados en la defensa de los Derechos Humanos, hizo posible en el tiempo la construcción de procesos permanentes de memoria colectiva, poniendo fin al pretendido olvido político y social y a la disculpa jurídica a los genocidas y sentó las bases para la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad, hoy imprescriptibles de acción penal.
A 45 años del Golpe, el Movimiento de Derechos Humanos sigue en pie y bajo el lema justicia con verdad y con memoria, continúa impulsando el juzgamiento de quienes fueron partícipes activos de este genocidio.
Es oportuno señalar que, la maquinaria represiva de las Fuerzas Armadas, se valió de estructuras de inteligencia creadas para reunir información. Nuestra ciudad no permaneció ajena a este mecanismo coordinado, centrado en el espionaje sistemático y en la persecución de vecinos. Una muestra fehaciente de ello, es la documentación que se confeccionaba en la ex – DIPBA “Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires” y que contenía informes sobre sus víctimas, sus familiares y sus amistades. Toda persona sospechada de peligrosidad política era un blanco directo de sus espiones.
Por aquellos años, el Regimiento 6 de Infantería Mecanizada “General Viamonte” con asiento en nuestra ciudad, tuvo el control operativo de una vasta zona y participó activamente tanto en Mercedes como en varias localidades vecinas, en allanamientos, detenciones, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Para tal fin, también contó con una Central de Reunión de Información. Y si curiosamente nos preguntamos ¿para qué se crearon esas estructuras? la respuesta es obvia: para llevar adelante su “Plan de exterminio”.
Hoy, más que nunca, es imprescindible que se juzgue y se condene a quienes planificaron y cometieron estos delitos criminales. No sólo porque hacerlo constituye un acto de reparación jurídica en defensa de las víctimas, sino porque representa una acción directa contra la impunidad.
También es necesario que los genocidas juzgados cumplan la condena efectiva en cárceles comunes. Y en tal sentido, es importante señalar, que la sociedad se escandaliza ante la valoración que realizan algunos jueces, cuando genocidas condenados por delitos máximos recurren al pedido de prisión domiciliaria como forma de cumplimiento de la pena, y estos funcionarios, perdiendo la dimensión de los delitos juzgados, les otorgan ese beneficio.
Y como no somos la excepción, algunos favorecidos residen en nuestra ciudad.
En el compromiso colectivo de “no olvido”, y en la lucha reivindicativa contra la impunidad, enfáticamente decimos:
- Cárcel común y efectiva para todos los genocidas.
- Rechazo al otorgamiento de prisiones domiciliarias.
- Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados en su niñez.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¡Son 30.000! ¡Fue genocidio!
¡30.000 compañeros Detenidos – Desaparecidos y Asesinados ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE! ¡AHORA Y SIEMPRE! ¡AHORA Y SIEMPRE!
Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y
Asesinados por la Dictadura Cívico-Militar de Mercedes
Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes (Bs. As.)
24-03-21
