Del mismo se desprende que en la ciudad no existe ningún fenómeno preocupante • “Me llama la atención que hay mucha diferencia entre lo que dice el estado, lo que dice la fiscalía y lo que dicen los vecinos”, sostuvo Viñales • Una petición particular de una familia rural de Agote solicita que se revea un decreto de hace dos años.
Ante la instalación de la problemática de las usurpaciones que se dio en estas últimas semanas en nuestra ciudad, los concejales locales trataron algunos temas en la pasada sesión ordinaria del lunes.
En primer término, la fiscalía dio a conocer -tras un pedido del bloque de Juntos por el cambio, cuáles eran las denuncias presentadas en los últimos cuatro años, quedando a la espera la contestación por parte del departamento ejecutivo con respecto al tema, a fin de poder ajuntar el informe al expediente.
Por pedido de la concejal San Martín, desde secretaría se procedió a la lectura de dicha contestación, de la cual se desprende que nuestra ciudad no sufre aún, los mismos procesos que si pueden verse en otras localidades de la provincia.
Luego que se diera lectura al expediente, la representante del Partido Fe, Sabrina Viñales realizó algunas observaciones al respecto: “¿existe un plan sistemático en nuestra ciudad para tomar terrenos de manera ilegal? ¿Estamos en presencia de una actividad mafiosa y organizada que intenta mantener en vilo a la sociedad? y por último preguntarles si ¿existen diariamente violencia y usurpación en nuestro distrito? De la lectura del informe no se desprende nada de todo eso como tampoco lo hizo en el momento en que vino el subsecretario de seguridad e informó que los intentos de usurpaciones que se habían dado se desarticularon por parte del municipio, al igual que vimos en estos últimos días que se desarticuló otro intento de usurpación”.
Asimismo, agregó que “sin embargo hace unos pocos días leí una carta abierta de los vecinos del barrio San Jorge y Cuartel VIII, donde alertan a la sociedad sobre estos hechos ilegítimos, ilícitos y hasta violentos de los que algunos han sido víctimas en los últimos tiempos”. Leyendo la propia carta que se dio a conocer en los medios, la edil resaltó que “sostienen que no es un fenómeno nuevo pero si reforzado en los últimos tiempos, que no es un problema de algunos propietarios privilegiados como algún interesado trata de sostener”, a lo que agregó que “todavía no he podido determinar a quién se refiere”.
“Con el mayor de los respetos que merecen los vecinos quiero preguntarles si hacen mención a la provincia de Buenos Aires o solo de la ciudad de Mercedes. Porque si es de nuestro distrito, les voy a solicitar enfáticamente que hagan la denuncia porque el estado no puede actuar. Además, para dejarlo sentado en actas, uno de los firmantes de esa nota es familiar de uno de los concejales que estamos aquí presentes y nosotros como funcionarios públicos, si tomamos conocimiento de algún delito tenemos la obligación de denunciarlo, porque sino estaríamos encuadrando dentro del incumplimiento de los deberes de funcionario público, entonces me llama la atención que hay mucha diferencia entre lo que dice el estado, lo que dice la fiscalía y lo que dicen los vecinos, máximo teniendo en cuenta que horas más tarde de la presentación de esa carta, una vecina del barrio San Jorge y presidenta de la sociedad de fomento sale a decir que allí no hay usurpaciones. Creo que todas las acciones humanas tienen un tinte político y más este tipo de acciones organizadas. Creo que los concejales debemos ser responsables y coherentes a la hora de trabajar este tipo de temas, porque de la lectura de la contestación de la fiscalía, no nos encontramos con usurpaciones planificadas, sino que además están reguladas dentro del articulo 181 del código penal, que establece la violencia y usurpación de esos inmuebles. Si podemos observar que estamos ante la venta irregular de los inmuebles, algo que ya nos habían dicho las doctoras Ilarraz y Zunino anteriormente” concluyó.
Por su parte, Mariana San Martín sostuvo que “hay que destacar que hay 10 denuncias en la cual la municipalidad es la denunciante. Tenemos tres archivos, cuatro están desestimadas, un sobreseimiento y dos en trámite. Se avizora a prima facie que estamos ante las ventas irregulares de terrenos. Pero es necesario llevarles tranquilidad a los vecinos y actuar responsablemente, sobre todo nosotros los concejales. También destacar el trabajo que se viene haciendo desde el departamento ejecutivo con distintos actores y protocolos. Invitamos a todos los concejales a trabajar sobre este tema tan serio, sin crear pánico, sin idas y vueltas, y que la sociedad no está pidiendo este compromiso”.
Los ediles de Juntos por Cambio, a pesar de ser los impulsores del proyecto, se mantuvieron el silencio ante los dichos de sus pares.
Aprueban el beneplácito
Unos minutos más tarde, dentro de los proyectos presentados por Juntos Por el Cambio, se encontraba un beneplácito a un expediente de la cámara de Diputados de la Nación, el cual tiene como objetivo la modificación del artículo 181 del Código Penal que sanciona las usurpaciones. Dicho proyecto busca como una “posible solución” el aumento de la pena para aquellos que incurran en dicho delito.
Poniendo el tratamiento sobre tablas, San Martín manifestó que su bloque se iba a abstener en la votación del proyecto, ya que “no creemos que la mano dura o el aumento de las penas sea la solución al problema de las usurpaciones. Creemos que de este tema se sale desde la política y trabajando articuladamente con la justicia como debe ser, pero no aumentando penas. Nunca nos fue bien en este país cuando se buscó una mirada punitivista, hay que trabajar para que haya menos tomas de terrenos a través de políticas sociales. Es un fenómeno social grave, que no es de ahora pero se ha profundizado en este tiempo de pandemia y puede verse en la provincia de Buenos Aires”
Viñales, por su parte sostuvo que desde su bloque no acompañarían este proyecto e hizo algunas consideraciones “¿pregunto realmente si se puede asegurar que el aumento de la pena disminuye el delito? ¿Han estudiado lo que se han prepuesto medidas similares que no terminaron resolviendo nada? No importa que haya más penas, sino que haya políticas que tiendan a dar mas seguridad con respecto a la policía, que haya un sistema judicial que no deje ningún tipo de dudas de quien incumple y comete un delito va a pagar por ello”. Por último les recomendó a los concejales de Juntos por el Cambio un libro de Santiago Mir Puig, catedrático que hace referencia a esta relación entre el aumento de la pena y la baja del delito.
El proyecto salió aprobado por mayoría tras la abstención del bloque oficialista y la negativa del monobloque Fe.
El reclamo de una familia
Otro de los puntos que llamó la atención de los concejales fue la presentación particular de la Familia Odda, la cual solicita “la revisión de los Actos Notariales y sus antecedentes que impliquen transmisión de dominio por parte de la municipalidad de Mercedes a favor de terceros de los bienes enumerados en esa petición, tanto sobre los bienes sobre los que tienen Título de propiedad, como también sobre otros que tienen la posesión pacífica, ininterrumpida y continua, con ánimo de dueños, desde hace más de 60 años”.
En total son como diez manzanas divididas en 65 lotes, por lo que solicitan la intervención urgente del HCD. Formalmente peticionan que se revise un Decreto del año 2018 del intendente municipal Juan Ustarroz, que en su considerandos dice que “ la municipalidad de Mercedes ha sido poseedora por más de veinte años de los inmuebles” y Declara “operada la Prescripción Adquisitiva sobre los lotes de terreno” y que “requiérase la intervención de Escribanía General de Gobierno a los fines de la registración a favor de la Municipalidad de Mercedes, y la cancelación de las actuales inscripciones”.
Al respecto, el concejal Edgard Killmeatte, presidente de Juntos por el Cambio sostuvo que “ellos manifiestan en la presentación un desconocimiento total del decreto 383/2018 del Departamento Ejecutivo donde se declara la prescripción adquisitiva de una serie de lotes en la localidad de Agote, entre los cuales están incluidos los de la Familia Odda”.
“La preocupación que nos da es porque la familia está presentando en el Concejo Deliberante para que este concejo no convalide el decreto. Nunca pasó por acá este Decreto, no tenemos manera de convalidarlo. Creo que como concejales y con la responsabilidad que tenemos, debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando se está judicializando un tema, sobre todo un decreto. Debemos ser sumamente cuidadosos en la manera en que legislamos y en el análisis que hacemos en las comisiones para evitar un problema ulterior para todos nosotros y para el cuerpo en sí. Es un tema preocupantes porque está judicializando un decreto del Departamento Ejecutivo”, expresó.
En tanto, Juan Martín Andrés, presidente de la comisión de planeamiento donde fue girada dicha presentación agregó “El expediente fue girado para que se nos informe claramente sobre todo lo que se dice. No quiero hacer un juicio de valor, pero todos tenemos derecho a decir esto o aquello es mío o esto o aquello me pertenece, y mostrar la documentación. Como así también se tendrá documentación de por qué se avanza en tal o cual cuestión. Entendemos que la celeridad y la premura, esto lo merece. Más en estos tiempos en donde, de algo que genera confusión o algo que tiene explicación, se generan noticias que después vemos el escozor que causan en la sociedad”.
